MARCO LEGAL PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD EN REPÚBLICA DOMINICANA

El Ministerio de Educación de la República Dominicana, es el órgano rector de las políticas públicas del sector educación en el país, siendo responsable de garantizar el derecho constitucional consignado en el artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana. El cual establece que: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.”  Siendo el objetivo la educación “…la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

Igualmente la Constitución establece que el Estado Dominicano conjuntamente con las familias y la sociedad, son responsables de preservar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, teniendo obligación de garantizar el desarrollo armónico e integral, basándose en los derechos fundamentales. (Congreso de la República Dominicana, 2010).

La Ley Orgánica Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12). Entre sus objetivos específicos destaca el 2.3.4: Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social. Dentro de sus líneas de acción están: 

•  2.3.4.10- Incorporar al currículo educativo la educación sexual-reproductiva de los niños, niñas, adolescentes, las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH y promover la formación en valores para la paternidad responsable y la convivencia familiar, en un marco de respeto y equidad de género.
•   2.3.4.11 - Garantizar la permanencia de las adolescentes embarazadas en la escuela en su horario normal, velando que no implique un riesgo adicional para su salud integral y fomentar que la pareja asuma las responsabilidades parentales que le corresponden.

El Código para el Sistema de Protección y de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), instruye al Ministerio de Educacion a integrar, como parte de su oferta curricular, programas de salud preventiva, sexual y reproductiva (Art. 32).

De igual forma, el Sistema Educativo es garante de la permanencia de los niños, las niñas y adolescentes en los centros educativos. En este sentido el Consejo Nacional de Educación aprobó en el mes de junio 2013 las Normas del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa en los Centros Educativos Públicos y Privados, donde se promueve el trato no discriminatorio a los y las estudiantes y se prohibe la expulsión de las adolescentes por causa de un embarazo (Ley 136-03, Art. 48, acapite e).

Ley General de Juventud No. 49-2000 (Articulo 1) en la que se insta a crear “un marco jurídico, político, e institucional que oriente las acciones del Estado y la Sociedad hacia la definición e implementación del conjunto de políticas necesarias para lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población joven de la Nación, así como una efectiva participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones” (Artículo 2) en el que se deja explicita la finalidad de la Ley “propiciando el desarrollo integral de los y las jóvenes sin distinción de género, de religión, política, racial, étnica, u orientación sexual y nacionalidad” (Artículo 11, Letra C)

El compromiso mas reciente es el establecido en  el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana que  plantea:  3.1.6 Fortalecer e implementar los programas de educación afectivo-sexual, así como esquemas de apoyo y acompañamiento a madres y padres adolescentes, para garantizar su permanencia en el Sistema Educativo; 4.2.4 Incorporar al currículo educativo, desde la primera infancia y con las estrategias pedagógicas adecuadas para cada nivel, la educación sexual –reproductiva,  el conocimiento y prevención de las  infecciones de transmisión sexual y el VIH,  así como la formación en valores de respeto, igualdad y equidad de género, convivencia familiar, y maternidad y paternidad responsables.

Asimismo, este marco jurídico y normativo de la República Dominicana se complementa con un conjunto de Planes y Programas Nacionales, tales como:

Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017 (PLANEG II) cuya finalidad es garantizar que los derechos de las mujeres fueran tomados en cuenta en todas las políticas ejecutadas por el Estado dominicano.

El Plan Estratégico de Prevención de Embarazos en Adolescentes: hacia una Política Nacional (Plan-EA 2011), creado para desarrollar las acciones necesarias en la búsqueda por prevenir la problemática del embarazo en adolescentes, el cual planea extenderse hasta el 2016. Su misión es la creación y el fortalecimiento de mecanismos para el desarrollo de políticas dirigidas a reducir estos embarazos, promoviendo la sexualidad sana, placentera y responsable.

En el ámbito  internacional y en el marco de Educación para Todos, el país refrendó su compromiso de desarrollar programas orientados a que los y las jóvenes fortalezcan sus habilidades y destrezas que les permitan enfrentar los riesgos y amenazas, en especial los riesgos relacionados al embarazo en edad escolar y el VIH y el SIDA  (UNESCO, 2000).

La educación integral en sexualidad es reconocida como un derecho humano en diferentes tratados, convenciones y pactos nacionales e internacionales suscritos y/o ratificados por la República Dominicana, como la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” (Ciudad de México, 2008) y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Egipto, 1994).

En la declaración de la Primera Reunión de Ministros de Educación y Salud para detener el VIH/SIDA en América Latina y el Caribe, nuestro país se comprometió a:

- Reducir en 50 por ciento el número de adolescentes y jóvenes que actualmente carecen de cobertura de servicios de salud para atender apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva.

- Reducir en 75 por ciento el número de escuelas que todavía no han institucionalizado la educación integral en sexualidad  (ONUSIDA, 2008).